¿PERO DE QUÉ DIOS HABLAMOS?

MCS CÁDIZ Y CEUTA – OPINIÓN

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Melchor Prats

Hace unos días leí estas frases de un teólogo actual: “Sin decirlo, pero con demasiada frecuencia, el poder que se ejerce “en nombre de Dios” pretende estar por encima del poder que se ejerce “en nombre del pueblo”. Un Dios que entra en conflicto con el pueblo, ¿puede ser aceptado por el pueblo? En una sociedad plural, en la que tienen que convivir creyentes y no creyentes, ¿puede un gobernante permitir que los creyentes impongan sus ideas, voluntades y privilegios sobre los no creyentes?

Entre Dios y el ser humano, entre Dios y el pueblo no hay ningún conflicto. Puede haber conflicto entre los que hablan “en nombre de Dios” y los que hablan “en nombre del pueblo”, cuando defienden intereses de poder y se olvidan que ambos están al servicio del hombre y en defensa de su dignidad.

Dios se manifiesta en Jesús, la Palabra hecha carne, que nos dice que Dios es Amor que, como el padre del hijo pródigo, siempre nos está esperando con los brazos abiertos.
La Buena Noticia, el Evangelio de Jesús, es la voluntad de Dios (Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida), es la invitación de Dios al ser humano para que encuentre la auténtica felicidad, aquí y ahora.

Nuestra sociedad plural está formada por personas que, como tales, tienen “creencias”, tanto si son creyentes como si no lo son. Un gobernante no tiene que permitir ni prohibir nada; se tiene que limitar a aplicar las leyes que se aprueban en las Cortes Generales, sede de la Soberanía Popular. Por lo tanto es una falacia decir que un gobernante permite o prohíbe que unas ideas se impongan sobre otras. En la medida que lo hiciera se estaría comportando como un dictador.

Todas las personas tenemos una concepción de la vida, de la dignidad del ser humano, de le ética, de las relaciones políticas, económicas y religiosas. Todos tenemos el derecho, y a veces el deber, de manifestar individual y colectivamente nuestras ideas y actuar en defensa de las mismas, siempre dentro de la legalidad vigente.

 

Los partidos recogen el sentir y pensar del pueblo y elaboran un programa de objetivos, dentro de su ideología, con el que se presentan a las elecciones, y por el cual son votados.

No puedo dejar de denunciar que ningún partido llevaba en su programa una reforma sustancial a la Ley del aborto de 1985, excepto Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Gallego y Nafarroa BAI. Estos eran los únicos que contemplaban la despenalización del aborto, abortar es un “derecho”, ley de plazos, aborto libre y gratuito, garantizar el “derecho” a abortar de las menores de 17 y 18 años. La nueva ley se aprueba con estos conceptos. Estos partidos representan el 2% de los diputados, el 2% de los representantes del pueblo.

Eso sí que es una imposición, lo que quiere un 2% se impone al 98% restante. Y digo se impone porque esos deseos de unos pocos se convierten en Ley, que afecta a todos y que va en contra de la vida del ser humano.

 

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